I.F.E el gobierno evalúa elevar la tercera cuota

El tercer pago abarcará al Área Metropolitana de Buenos Aires y a la provincia de Chaco, pero podría ampliarse un poco más. El criterio principal es abarcar los distritos en “fase uno” de cuarentena, donde los beneficiarios del plan tienen más dificultades para sostener sus ingresos.

Inicialmente se había señalado que la tercera cuota del beneficio, que alcanzó a 8,3 millones de personas en la primera cuota y a 9 millones en la segunda, podría también incluir a Río Negro, pero esa posibilidad parece ahora descartada. Chaco, en cambio, es una provincia mucho más comprometida por la pandemia y es, también, la provincia del país en que el pago del IFE beneficia a una más alta proporción de la población provincial: 26,5%, según precisó un reciente estudio sobre los programas sociales del gobierno. En el promedio del pais, en tanto, el IFE (que alcanza a un miembro por familia) beneficia a 17,3% de la población. A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA, que es parte del AMBA) es el área de menor incidencia del beneficio respecto del total de la población, según calcularon los investigadores Oscar Cetrángolo y Javier Curcio en un estudio sobre los programas sociales del gobierno en respuesta a la pandemia de coronavirus.

Al restringirse el número de beneficiarios el Gobierno también estudia ampliar el monto del beneficio, que aumentaría 50% o más. Esto es, estaría en $ 15.000 o una suma algo superior, teniendo en cuenta que el retroceso a fase uno de las áreas donde residen los beneficiarios alcanzados implica a su vez mayores dificultades económicas y desafíos para mantener ingresos.

El IFE, destinado a monotributistas de categorías A o B, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares y desempleados informales de entre 18 y 65 años, cuyos grupos familiares cumplan con ciertos criterios socio económicos, es el principal programa de ayuda social del gobierno en respuesta a la pandemia de coronavirus y a las consiguientes cuarentenas, que impiden a gran parte de las personas ocupadas, sobre todo en el sector informal, procurarse sus recursos. Alcanza a un solo integrante de cada grupo familiar y prioriza a las mujeres. Su “costo fiscal”, precisa el estudio de Cetrángolo y Curcio, fue $78.543 millones (0,248% del PIB anual) en el primer mes.

 

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